INMIGRANTES

Desde su creación en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja con migrantes y gobiernos para proveer respuestas humanas a los desafíos que presenta la migración. La OIM, con sede central en Ginebra, actúa como Organismo Internacional Intergubernamental y cuenta actualmente con 118 Estados miembros y 20 observadores. Entre sus principales atribuciones, permanentemente revela datos acerca del comportamiento migratorio en el orbe, y en este sentido ha dado a conocer últimamente que cerca de cien millones de personas viven actualmente en un país distinto al de su nacimiento. Esta escalada migratoria, en principio materialmente incontrolable, se ha declarado desde 1960 hasta la fecha, lapso en el que se ha producido un fenómeno verdaderamente alarmante: mientras la población mundial se ha duplicado, la migrante se ha triplicado. Muchos se preguntarán: ¿A qué se debe esta desigual aritmética? La respuesta es sencilla: a la profunda desigualdad entre países en desarrollo y los desarrollados, hacia los cuales flujos migratorios desempleados recalan en busca de mejores condiciones de vida. La estadística, en fin, no sería tan inquietante si no reparáramos en que aproximadamente de treinta a cuarenta millones de aquéllos viven y trabajan sin permiso en otras naciones, de los cuales cerca de diez millones están en los Estados Unidos de Norteamérica y ocho millones en la Unión Europea.
Frente a cifras de tamaña magnitud nos preguntamos: ¿Qué política impondrá la OIM con relación a la reciente sanción denominada Directiva de Retorno del Parlamento Europeo, que establece, sin distinción, reglas de expulsión uniformes de migrantes irregulares; máxime si la aprobación de la norma linda con un carácter criminal de los indocumentados? ¿Y qué otro recurso podrá interponer para enfrentar la propuesta de Pacto Europeo de Inmigración que Francia ha presentado a sus pares de la Unión Europea, cuyos 27 ministros del Interior, al parecer, aprobarán formalmente en Cannes el próximo 15 de octubre en reunión de Consejo?
No será tarea fácil para la OIM. Sin embargo, como ente orgánicamente defensor de los derechos humanos, y humanamente solidario a partir de esa fuente que rige su constitución, debe buscar modalidades de acción para discutir las cinco áreas fundamentales del planteamiento francés, a saber: la inmigración legal con relación al mercado de trabajo (una posición dual, pues no se trata de inmigración indebida, si no de la ya lícita, pero puesta sobre el tapete ante los dramáticos grados de desempleo); la lucha contra la inmigración ilegal y la regulación de las expulsiones; el control de las fronteras; la fijación de bases para una política europea de asilo; y la búsqueda permanente de una asociación entre los países de origen y de tránsito migratorio. Naturalmente que una de las prioridades de la OIM es alcanzar niveles de negociación con la UE que permitan dotar a la Directiva de Retorno de una visión más humana del problema, cual es –reiteramos- la naturaleza esencial de la organización. En ello está la resolución de uno de los problemas más sensibles que afectan las relaciones entre uno y eventualmente otro país, o, entre uno y otro continente. No olvidemos que ella misma –la OIM- ha comprendido, y comprende mucho más ahora, que la emigración tiene como horizonte la extrema necesidad de que quien adopta semejante decisión encuentre mejores condiciones de vida y garantice fundamentalmente un futuro cierto para sus familias (éstas, mayormente, pobres e indefensas). Sin embargo, frente a esa necesidad tan aguda no se prevén las consecuencias de las políticas migratorias del lugar de destino. No esperemos –valga la acotación- que los países de Europa que hoy debaten a rajatabla y con severidad el espinoso asunto migratorio, recuerden la llegada a nuestros territorios de miles de sus hijos huyendo de la guerra y la hambruna, y que, hospitalarios como somos, los recibimos con los brazos abiertos y sin condiciones. El mundo es por lo general frío y nada dispuesto a corresponder del mismo modo a un comportamiento ajeno, y esas señales de nobleza que provinieron de las naciones de América del Sur, han sido tan mal entendidas y tan poco agradecidas, que hoy nuestros países sufren en carne propia la discriminación y sufrimiento de sus migrantes. Pero eso, claro, ningún país europeo lo tomará en cuenta pues se trata de un subjetivismo seguramente impropio para nuestra era.
Entre los innumerables estudios de la OIM, se ha llegado a la conclusión de que cuando los métodos migratorios son señaladamente restrictivos –como los de Estados Unidos de Norteamérica o de cualesquiera de los 27 países europeos que conforman el Consejo-, por un principio inherente a la condición humana la inmigración indocumentada o irregular se acrecienta, lo cual ocasiona que se fomente y ponga en práctica uno de los delitos más graves contra los derechos humanos: el tráfico ilícito de personas a través de las fronteras, cuya rentabilidad en el mundo del crimen organizado sobrepasa en la actualidad los diez mil millones de dólares; negocio descomunal que acarrea, además, el filón inmoral de la trata de personas en el país de destino, especialmente de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral. Y aquí cabe preguntarse: ¿Por qué es que ningún Estado de América del Norte ni de la Unión Europea ha ratificado la convención internacional de 1990 sobre protección de los derechos de todos los migrantes y sus familias? ¿Hacia dónde apunta, en las actuales circunstancias, la Directiva de Retorno y la acelerada redacción del Pacto Europeo de Inmigración para su pronta aprobación el trimestre próximo?
Sin duda que entre las decisiones que se adopten habrá una –la esencial- que establecerá en definitiva que la migración irregular es una forma apodíctica, demostrativa, o incondicionalmente cierta de criminalidad, y esta figura, por supuesto, más temprano que tarde, tendrá que ser sujeto de la sanción de leyes que la tipifiquen con ese carácter; lo que llanamente lesionará los principios básicos de los derechos humanos. La OIM, a estas alturas, deberá antes que nada apelar a la no ratificación de la convención internacional aludida, a fin de detener la segura sanción de normas de esa naturaleza y promover enérgicamente un consenso por muy mínimo que sea para enlazar políticas migratorias que se instauren en instrumentos internacionales de obediencia ineludible que involucren a las naciones de origen, tránsito y destino. El desacato a ellos tornaría las cosas en simples propuestas, y esto, naturalmente, desvirtuaría toda pretensión de que el problema sea atendido como corresponde: un fenómeno de consideración universal. ®